Celebrar los primeros 200 años de nuestra vida republicana constituye un momento privilegiado para discutir los avances y pendientes que tenemos como país, y para definir metas y rutas de acción para que en el bicentenario el Perú sea mejor, para todos.

La promesa republicana de igualdad y libertad exige que los ciudadanos contemos, por el solo hecho de ser peruanos, con un conjunto mínimo de garantías que nos permitan a todos –sin importar dónde vivamos, qué idioma se hable en nuestra casa, cuánto dinero tenga nuestra familia, ni cuanta educación hayan alcanzado nuestros padres– desarrollarnos y ejercer nuestra libertad, participar en la vida cultural, económica, social y política del país, y lograr una vida digna y próspera.

El contenido y composición de este mínimo garantizado puede ser discutido, pero es claro que hay un paquete acotado con el que sí o sí todos deberíamos contar por el solo hecho de ser peruanos. Lo primero en este paquete: un nombre y un documento de identidad que nos permita acreditar quiénes somos, que somos peruanos y que nos sirva de llave de acceso a un conjunto de servicios y derechos (votar sobre todo). En ello hemos avanzado enormemente en nuestra vida republicana. Hoy, prácticamente todos los ciudadanos peruanos obtenemos, desde muy temprana edad, ambas cosas: nombre y DNI. Según el Reniec, algo más del 97% de los peruanos menores de 6 años ya tiene su DNI.

Una segunda línea en este paquete para asegurar la igualdad básica podría ser que todos tengamos acceso a la salud y a la educación pública. En esto también hay avances, aunque aún con enormes brechas de calidad entre las zonas con más recursos y las de menos, entre lo urbano y lo rural. La cobertura de educación primaria es prácticamente universal –sin distinción entre pobres y no pobres– y el acceso a la salud ha crecido, y no solo para los que tienen más recursos. El 82% de los hogares en situación de pobreza y el 75% de los no pobres cuentan con algún seguro de salud, siendo el SIS el instrumento que garantiza dicho acceso a los más pobres. Nos falta cerrar brechas de calidad en estos servicios y ampliar su cobertura desde lo básico hacia lo deseado, de una educación primaria a una que incluya inicial y secundaria para todos, por ejemplo. Hoy, hay una base que iguala en estos servicios.

En esta segunda línea deberíamos incluir el acceso igualitario a la seguridad ciudadana y a la justicia. Ahí sí las cosas pintan mucho menos bien.

Una tercera área podría ser el acceso a la infraestructura básica para una vida segura, digna y con oportunidades: agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones; y, por supuesto, una alimentación saludable. Si bien en los últimos 20 años ha habido enormes avances, todavía estamos lejos de lograr, en esta área, una garantía de acceso igualitario.

Estamos lejos de una cobertura igual de servicios, como agua y desagüe. Hoy la cobertura es mucho mayor en las grandes ciudades que en las pequeñas y rurales, y mucho mayor para la clase media que para los pobres. Pero incluso entre los que acceden, la calidad de estos servicios es desigual (solo algunos de los que tienen agua la tienen durante las 24 horas al día, todos los días).

La pobreza se ha reducido de manera importante dando cuenta de que casi todos los peruanos cuentan con niveles de consumo que les permitirían cubrir la canasta básica alimentaria (la pobreza extrema es menos de 4%). Sin embargo, persisten enormes diferencias entre lo rural y lo urbano (la pobreza extrema en Lima es menos de 1% y en lo rural 13%) y entre los sectores menos pobres y los más pobres en cuanto a la calidad de la alimentación (desnutrición y anemia).

A medida que exigimos que el paquete mínimo que iguala sea más amplio y complejo, la situación se aleja de lo ideal –de la garantía–. Por ejemplo, si vemos el paquete básico en su conjunto, solo uno de cada cuatro pobladores rurales tiene todos sus componentes cubiertos: DNI, acceso a la educación primaria, SIS, agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones y recursos suficientes para cubrir la canasta alimentaria. Está pendiente ampliar la cobertura de este paquete; tenemos que evitar que grupos de peruanos, por su condición de pobreza, por el lugar donde viven o por cualquier otra razón, tengan solo una parte de este. Esa debería ser una prioridad de política al bicentenario.

Garantizar estos mínimos para todos los peruanos sin ningún distingo es aún parte por cumplir de la promesa republicana de igualdad y una condición imprescindible para el ejercicio ciudadano que la vida republicana nos exige.