La investigación preparatoria al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos, culminó en enero. La fiscalía sostiene que los líderes del Partido Nacionalista habrían recibido dinero ilícito para financiar las campañas presidenciales del 2006 y 2011.

Ahora el fiscal Germán Juárez tiene menos de un mes para presentar la acusación o archivar el caso. ¿Qué pasó en el camino y qué se viene?

1. El origen del dinero
Según la fiscalía, el dinero para la campaña del 2006 habría provenido del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, de Odebrecht y OAS; y en el 2011, de estas dos últimas empresas brasileñas. El ex jefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata solo ha reconocido el aporte del 2011.

Además, ha declarado que Marcelo Odebrecht le ordenó entregar US$3 millones a la campaña de Humala, por un acuerdo que tenía con el ex mandatario de Brasil Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores. Sobre el dinero de Venezuela, dos testigos afirman que vieron llegar al local del partido maletas diplomáticas con dinero en efectivo.

A ello, la fiscalía suma la creación de empresas fachada y la compra sospechosa de bienes. Para la campaña del 2011, la fiscalía se vale de testigos que confirman aportes fantasmas a la ONPE, anotaciones en las agendas de Heredia que coinciden con aportes bancarios, contratos ficticios usados para justificar ingresos e irregularidades en el manejo de los fondos del partido.

El abogado de la defensa, Wilfredo Pedraza, niega que la pareja haya recibido dinero en ambos casos. Y afirma que, aun si fuera cierto, es un supuesto de financiamiento irregular, no un delito. “En una campaña política, a los donantes no se les pregunta de dónde viene ni se les pide un certificado de buena conducta”, señala a este Diario.

Para el 2006, el delito previo del lavado de activos habría sido peculado –desvío de fondos públicos– y para el 2011, sobornos –bajo la tesis de que el íntegro del dinero de la caja 2 de Odebrecht era ilícito–.

Para los penalistas José Arrieta y Rafael Chanjan, el principal desafío de la fiscalía está en probar que en el 2011 tanto Heredia como Humala sabían –o debían presumir– que el dinero venía de la corrupción.

“La realidad es que muchas empresas donan a partidos y Odebrecht, en ese momento, no tenía una mala reputación”, señala Arrieta.

Ambos penalistas agregan que más sustento tiene la tesis de Venezuela, habida cuenta, además, de que el dinero no habría seguido los cauces regulares para ingresar al Perú.

2. El partido
La fiscalía sostiene que la pareja utilizó la estructura del Partido Nacionalista para lavar el dinero recibido, haciéndolo ingresar al tráfico económico para darle apariencia de legalidad. La presunta organización criminal estaría integrada por miembros del partido.

Para Pedraza, esta tesis carece de sentido, ya que un partido no podría ser una organización criminal. “Sus fines son diferentes; el partido tiene base constitucional, no nace de la voluntad de dos socios, sino de la de miles de ciudadanos”, sostiene.

Arrieta y Chanjan, sin embargo, afirman que nada impide que este pueda ser instrumentalizado para fines delictivos. “No gozan de una inmunidad constitucional, por así decirlo”, reitera Arrieta.

Ambos indican que probarlo exigirá un estándar muy alto de certeza, aun más si la fiscalía solicita como consecuencia accesoria –la “pena” que recibiría la persona jurídica– la medida más drástica: la disolución. En este caso, señala Arrieta, el juez podría dictar una medida menos grave si considera que el partido “no fue usado siempre para fines criminales”.

3. La próxima etapa
En declaraciones a este Diario, el 12 de enero, el fiscal Juárez señaló que el Ministerio Público tiene menos de 30 días para presentar la acusación. Si acusa, el proceso pasa a la etapa intermedia. Ahí, un juez deberá evaluar si el caso está suficientemente sustentado para llevarlo a juicio oral. Si hay puntos que objetar, puede solicitar que sean subsanados.

4. Tutela de derechos
Pedraza sostiene que está pendiente una tutela de derechos “que va en trámite paralelo”. El propósito es reabrir la investigación para que se respete el derecho a la defensa en un plazo razonable, ya que el Partido Nacionalista fue incluido en diciembre del 2018. El recurso fue declarado infundado en primera instancia el 29 de enero.

Si el pedido es rechazado otra vez, tendrán que actuar las pruebas que tengan durante el juicio oral. “Vamos tranquilos; la acusación no nos asusta”, afirma Pedraza. Este Diario intentó conversar con el fiscal Juárez, pero no respondió para esta nota.