Un grupo de empresas constructoras se habría coludido para repartirse licitaciones en Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por medio de coimas, operando —según colaboradores eficaces de la fiscalía— durante el gobierno de Ollanta Humala e incluso antes de este. Se trata del denominado ‘club de la construcción’, un caso que para especialistas consultados guardaría cierto símil con el Caso Lava Jato en el Perú, que implica a empresas brasileñas como Odebrecht.

Para el ex fiscal superior adjunto Avelino Guillén, el caso del ‘club de la construcción’ “tiene semejanzas” con investigaciones que involucran a empresas brasileñas. “Es un Lava Jato en pequeño, una muestra de los altos niveles de corrupción que ha padecido el Perú y un reto enorme para la fiscalía”, manifestó a este Diario.

En ese sentido, Guillén refirió que el caso permite abrir nuevas líneas de investigación sobre la “vasta operación de corrupción debidamente planificada”, y que involucraría a constructoras peruanas y extranjeras, funcionarios estatales intermediarios y en un tercer nivel a políticos e incluso el ex ministro de Transportes, Carlos Paredes, en el presunto pago de coimas para la obtención de licitaciones que se iban repartiendo “en orden sistemático”.

Como informó la Unidad de Investigación de El Comercio, otra arista de la investigación a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche en base a testimonios recogidos da cuenta también de que Lual Contratistas Generales, así como las empresas PyP Proyectos y RAL Contratistas, habría sido usada para que las constructoras bancarizaran y justificaran a nivel tributario las supuestas coimas que dieron tras la concertación de licitaciones.

Asimismo, testimonios recogidos por la fiscalía señalan que a inicios del gobierno de Ollanta Humala el ‘club’ habría proyectado pagar en coimas alrededor de S/250 millones para una cartera de proyectos –en el MTC– superior a los S/5 mil millones.

Por su parte, la penalista Vanessa Valverde recordó que el caso del ‘club’ se conoció a mediados del 2017 partir de testimonios ante la fiscalía, precisamente en el marco de las investigaciones del Caso Lava Jato. “Aquí hay un tema de coimas y eso ya escapa a un tema de competencia, de cual sea la persona jurídica o natural que de un mejor servicio al Estado de manera más eficiente y a un precio justo”, apuntó la especialista.

Asimismo, dijo ver símiles entre ambos casos en primer término a nivel procesal considerando que miembros del mismo equipo fiscal están a cargo de la pesquisa, que probablemente siga el mismo camino de lo avanzado hasta el momento en el Caso Lava Jato. “La misma gente es la que investiga. Y lo bueno de esto es que ya tiene una dinámica y eso ayuda porque los hechos investigados son vinculados al otro [caso] por temas de procedimiento, por cómo serían los arreglos”, opinó.

A su turno, el penalista Luis Lamas Puccio refirió que “hay algunos indicios” de similitud con el Caso Lava Jato. “Pero eso requerirá ser mejor elaborado con elementos más consistentes. Yo creo que este es el comienzo de una investigación más compleja”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que las declaraciones deben ser corroboradas con hechos y fortalecidas con otros acontecimientos periféricos, como las facturaciones.

Cabe recordar que en diciembre del 2016 se conoció que la constructora brasileña Odebrecht reconoció el pago de sobornos por US$29 millones a funcionarios públicos peruanos a cambio de obras, y que estos se efectuaron entre los años 2005-2014. Por ejemplo, en el caso de la carretera Interoceánica, la investigación no solo involucra a funcionarios intermedios, sino incluso al ex presidente Alejandro Toledo.